La LODE, ley social-progresista del PSOE organizaba en aquel
año de 1984 en los Institutos de Enseñanza Media una especie de Consejos
Revolucionarios del Pueblo. Los socialistas desconfiaban del saber y preferían
el criterio del vulgo y de los alumnos a la hora de confiar el control de la
enseñanza. Tengo que decir en este punto
que nuestra época se caracteriza por entre otros rasgos, el desprecio al
saber objetivo, a la excelencia y por el amor a las opiniones subjetivas, no
importando de dónde vengan ni quién las profiera, independientemente de su
grado de veracidad, consistencia y objetividad.
Los
Consejos Escolares contienen a profesores, alumnos y padres concebidos todos
ellos como integrantes de una idílica y armónica comunidad escolar de
intereses. Sin embargo, me permito discrepar de tal afirmación. Los intereses
de padres y de alumnos son pasajeros, particulares: se trata de terminar,
aprobar y marcharse. Así, son jueces y parte en todo el asunto de la enseñanza
y buscan entonces satisfacer sus particulares fines e intereses y todo ello
aunque los disfracen de presuntos fines superiores. Los socialistas concibieron
los consejos escolares como una forma de ir difundiendo su basura pedagógica
krausista entre la masa. También querían desarticular la oposición de los
institutos a sus atropellos y desmanes mediante el conocido expediente de
divide et impera. Fue y ha resultado ser este invento, este juguete, un
excelente medio de formación de opinión progresista entre la masa. El
progresismo ha calado en la sociedad española a través de los consejos
escolares. Además, el ser miembro de un consejo escolar da una sensación de
poder tal a las masas que inopinadamente se ponen a jugar con el juguetito a
ser tiranos sin tener que ser responsables de sus actos ante nadie, pues no
están bajo el control del MECU tales sujetos presuntamente racionales. Con el
juguetito que les ha concedido su gracioso amo de la finca dan rienda suelta a
sus prejuicios ideológicos y claro está, el precio que hay que pagar por ello
es la demagogia progresista, resultado natural de semejantes desatinos: No se
puede contrariar ni a los papás ni a los alumnos, meros instrumentos de los
papás, que son quienes les pagan y manipulan para lograr sus propios fines:
poder social, influencia, vanidad, engreimiento, caciquismo, aprobados
generales, cargos municipales, clientelismo sindical, etc. Lo peor es que las
corruptas burocracias sindicales coparon desde su creación los consejos
escolares para ejercer su poder e influencia al servicio del PSOE. Hace falta
ser un ocioso como D. José Antonio Romero Merino, pensionado en el Consejo
Escolar del IES “Butarque” de Leganés (Madrid) desde 1993 hasta 1999, un
verdadero parásito social, para preocuparse tanto, obsesivamente, de lo que
ocurre en un instituto, hasta el punto de que tales sujetos son un verdadero
peligro para la enseñanza y tal institución, los consejos escolares son un
maravilloso instrumento de control político, ideológico y pedagógico del profesorado,
llegando incluso, en ocasiones a arrogarse funciones de inspección educativa y
de la dirección de renovación pedagógica con la complicidad activa o pasiva de
la Administración y de profesores, jefes de estudios y directores de
institutos. Estas criaturas bastardas son un verdadero peligro para la
libertad. Quiero decir con esto que se creen que son los amos de la finca
escolar y que algunos institutos progres han caído en la demagogia complaciente
con los padres y con los alumnos, animándolos a protestar, denunciar y
presentar problemas sistemáticamente, sabedores padres y alumnos de que a ellos
no se les van a exigir responsabilidades y que permanecerán impunes.
La
función pública es el compromiso de por vida del funcionario con el servicio
público, por el interés general. Su relación laboral no es mercantil. El
funcionario es quien ejerce dentro del Estado la autoridad principal y quien
mejor expresa la misión del Estado. Servidor y dueño del Estado, en él se
realiza lo universal. En primer lugar, porque es imparcial y desinteresado. Los
ciudadanos comprenden que la competencia y la imparcialidad de los funcionarios
realizan la unidad de la sociedad en la comunidad organizada. En segundo lugar
porque el funcionario representa el interés general garantizado por el sistema
racional, objetivo, imparcial, meritocrático de acceso a la función pública,
las oposiciones según méritos intelectuales sobradamente demostrados. Por tales
razones el verdadero poder en el instituto debería recaer en el claustro de profesores.
Los padres deberían estar a unas cuantas leguas de los institutos.
Efectivamente, el bien público es incompatible con la demagogia y con las
intromisiones ilegítimas en el trabajo de los profesionales. Enseñar algo a
alguien, educar a alguien en algo nada tiene que ver con la democracia.
Democracia es un procedimiento político de designación de gobernantes por
sufragio universal y por regla de la mayoría. Es abusivo utilizar el adjetivo
“democrático” aplicándolo y extrapolándolo a otras esferas que nada tienen que
ver con la esfera política. La enseñanza, la educación es un proceso
unidireccional, asimétrico, qué se le va a hacer. Utilizar aquí, en la
educación, el adjetivo “democrático”, no deja de ser algo ideológico y carente
de sentido, algo vacío que no se sabe muy bien qué significa.
LODE,
LOGSE y LOPEGCE son los tres grandes pilares de la corrupción socialista en
materia de enseñanza. El bachillerato gracias a sujetos tales como Rubalcaba,
Maravall, Marchesi y otros advenedizos está en ruinas. Las APAS, supliendo a la
Inspección colaboran con la degradación de la enseñanza. ¿Qué les importa a los
padres el estado de la física cuántica? ¿Se preocupan de la historiografía
disponible en el Instituto acerca del Antiguo Régimen?¿Se preocupan acaso de si
el profesor de griego explica bien a Píndaro? NO, sólo del número de suspensos
y de si los profesores hacen exactamente lo mismo unos que otros y de si
aprueban los alumnos la selectividad en ciertas asignaturas o no. También a
veces disfrazan persecuciones ideológico-políticas de denuncias pedagógicas. Se
pretende silenciar la libertad de cátedra y la de expresión utilizando los
servicios de la Inspección educativa e intrigar constantemente para envenenar
el clima de convivencia de los centros escolares. Los cálculos del número de
suspensos y aprobados, etc., no son más que vulgares cálculos de tendero
pequeño burgués decadente y adocenado. Cálculos de quien desprecia la
excelencia, la lucha, el esfuerzo y prefieren la mediocridad general del aprobado
“democrático” para dar gusto al vulgo hablándole en necio. El suspenso ha
quedado en los últimos años desterrado de facto de las calificaciones. Es malo
suspender a los ignorantes. Entonces ¿Qué pintan las APAS en todo esto? Su
función es luchar por el aprobado de sus hijos y los Consejos Escolares les
sirven para darse ínfulas de vanidad e importancia. Es una forma de hacer
política de campanario de ser líderes de tres al cuarto en algunos municipios
donde reina el clientelismo progresista más descarado. También puede ser tal
actividad de intriga política y moral una forma de entretener el tiempo, tan
tediosa es la sociedad. Los institutos funcionarían mejor sin tales
intromisiones injustificadas pensadas como correctas desde la óptica del
progresismo barato del PSOE y sus satélites morales. Claro, que el PSOE tenía
por aquellos años vocación de permanencia eterna en el poder, como el PRI
mexicano. Los votos cantan. Tú me votas y yo te apruebo. ¿No es esto una forma
de corrupción, aunque sea tolerada, consentida y admitida socialmente? ¡Qué
tiempos éstos cuando hay que defender la verdad y la honradez con largas y
potentes argumentaciones! ¡Qué tiempos cuando hay que defender y demostrar lo
evidente! En conclusión, los consejos escolares no sirven para nada bueno, no
aportan nada nuevo, empobrecen la enseñanza y estorban un funcionamiento más
ágil de los institutos aparte de fomentar la demagogia y las intromisiones
gratuitas de algunos indocumentados e impresentables en las nobles tareas de la
difusión del conocimiento objetivo.
Felipe Giménez , Leganés, 28 de enero de 2000.
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